-Asegurar el rol del Estado como
garante y regulador del derecho universal a una educación de calidad. El Estado
ha de promover, proteger y garantizar este derecho a través de:
ü Proveer servicios educativos accesibles para toda
la población.
ü Definir criterios básicos de calidad para todas las
escuelas.
ü Fortalecer
las escuelas públicas y mejorar su calidad.
ü Establecer
regulaciones que eviten las distintas formas de discriminación, mejorando los
sistemas de garantía existentes.
ü Garantizar
mecanismos de concertación para abordar las causas que genera desigualdad fuera
de los sistemas educativos.
-Asegurar el derecho a aprender a
lo largo de la vida. Se necesita transitar desde sistemas educativos lineales,
organizados en grados y edades, hacia sistemas flexibles con diferentes
modalidades y trayectos articulados entre sí. La educación primaria ha sido
históricamente el nivel más atendido, por ello –y sin olvidar que hay deudas pendientes
en este nivel– es preciso centrar mayores esfuerzos en la educación de la primera
infancia, la educación secundaria y la educación de jóvenes y adultos.
- Avanzar desde enfoques
homogéneos y estandarizados hacia políticas educativas integrales que
consideren la diversidad con cohesión social.
ü Considerar la diversidad en el diseño de políticas
generales, lo cual reducirá la necesidad de desarrollar programas focalizados y
permitirá que las estrategias para atender necesidades específicas estén
articuladas en un marco general de atención a la diversidad.
ü Contemplar estrategias específicas para asegurar, a
determinados colectivos, el derecho a una educación de calidad en igualdad de
condiciones: la atención a la diversidad cultural y diversidad lingüística; a
zonas geográficas apartadas; género; diferencias individuales; y a quienes
tienen necesidades educativas especiales.
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